Me fastidia tener que escribir esto porque, al margen de que puedo estar equivocado con lo que voy a explicar, siempre he dicho que necesitamos evaluación ex-post de los proyectos, por parte de Tribunal de Cuentas. Pero, poner a caer de un burro precisamente el tranvía de Zaragoza

Leído el buen artículo de “El Mundo: El Tribunal de Cuentas denuncia el despilfarro en el tranvía de Belloch” , que aclaro, no es de opinión sino entiendo que es un resumen del informe del Tribunal, tengo muchas dudas de que un proyecto que movía ya en su primer año 48 millones de viajeros al año no tenga una ecuación de Coste Beneficio (impacto socio económico) positiva. Máxime cuando participa el Banco Europeo de Inversiones en su financiación, quien realiza siempre un análisis económico concienzudo, que según creo le llevó por ejemplo a no financiar el AVE a Galicia (a ver los informes del Tribunal de Cuentas sobre el AVE, sobre algunos corredores).

Tampoco veo lógico el tildar de despilfarro público el dinero público inyectado para co-financiar las obras. Una cantidad más modesta que la aportada en otros tranvías o metros como Sevilla o Málaga, si no me falla la memoria. Pero además en un proyecto en el que el Estado no puso nada, a diferencia de los otros proyectos regionales, porque según creo era de competencia municipal y no autonómica.

No sé cuáles son los fundamentos aplicados por el Tribunal para poner en cuestión el sentido de un proyecto de tranvía / metro que tiene una de las más altas valoraciones ciudadanas en España, pero me resulta raro el que vengamos a desprestigiar justo a un proyecto que tuvo el premio al mejor proyecto tranviario otorgado por el gobierno británico, mejor proyecto del mundo de integración urbana otorgado por la UITP, el premio a la mejor iniciativa de medioambiente y sostenibilidad en los “Global Light Rail Awards”, Premio Europeo «Ville, Rail & Transports”, entre otros cuantos.

Según la noticia de “El Mundo”, el informe del Tribunal habla de los retrasos (muy por debajo de los habituales en los proyectos de transporte urbano), y sobre-costes (ídem). Los cuales habría que ver si no están como suele pasar, motivados por cambios instados por el cliente público, no necesariamente sin fundamento.

Se habla además del grave impacto en las cuentas nacionales por la consolidación del proyecto como activo público y consiguiente impacto en deuda. Al margen de que ese impacto es pura información estadística en un sistema de cuentas que no tiene sentido (es IPSAS lo que se debe aplicar de una vez), siento decir que también tengo dudas de lo correcto del análisis que realizó en su momento IGAE y el grupo de trabajo de Hacienda en esta materia. Porque no es una materia clara, todo está sujeto en gran medida a interpretación, y la cuestión es que en España la entidades o administraciones sub-nacionales no pueden apelar directamente a EUROSTAT, quien es el que tiene la capacidad de análisis y dictamen en última instancia. Pero eso creo que es lo de menos. Compute o no un proyecto en la pura estadística de deuda, siempre implicará impacto fiscal pues independientemente de donde se apunten los cargos, hay que pagarlos. Lo que quiero decir es que el cómputo en contabilidad no afecta de verdad a la SOSTENIBILIDAD de las finanzas públicas, como se puede dar a entender en el artículo (o en el propio informe, que no me lo he leído, ni pienso, por falta de tiempo).

Siguiendo con lo descrito en el artículo, sobre el incumplimiento en normativa de contratación: se «subcontrata» desde la sociedad mixta creada, sin licitación, a las empresas que son los accionistas seleccionados para crear la sociedad y sobre la base de una licitación pública que de manera transparente establece que así va a ser el esquema (ganador entra en capital de sociedad mixta con ayuntamiento y ejecuta las obras en contrato con esta según precio y proyecto ofertado). Al margen de que me consta que se estudió a fondo el respeto a la legalidad de un esquema bastante novedoso, tengo más dudas aún de que aquí haya incumplimiento de normativa. Si conculca la normativa de contratación eso, habrá que cambiar la normativa.

Para terminar, volviendo al tema, el más relevante, de crítica sobre falta de sentido económico de la infraestructura en cuestión y despilfarro: está muy bien que el Tribunal de Cuentas audite a posteriori las decisiones de inversión en infraestructuras, pero lo que realmente hace falta es de una vez tener unos estándares de estudios previos de obligada aplicación y además que se hagan obligatoriamente públicos.

Para acceder al informe del T de C: http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/APROBADO-EL-INFORME-DEL-DESARROLLO-MANTENIMIENTO-Y-GESTION-DEL-TRANVIA-DE-ZARAGOZA-00002/

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