El mundo hasta ahora se ha dividido en dos. Dos «bloques» de países en cuanto a enfoque PPP: los países de tradición legal administrativa (con origen en el Código Civil francés), y los que aplican la common law, básicamente el «mundo» anglosajón.
Aunque en algunos países coexisten los dos sistemas según que estados, en función de su historia. En EEUU se puede ver perfectamente como la tradición administrativa impregna la legislación y el modus operandi de algunos estados.

Common law vs Civil code.

¿Qué es mejor? Cada enfoque tiene sus virtudes.

Common law: mayor flexibilidad para adaptar el marco operativo de PPPs a los cambios en la realidad imperante o a cambios en el enfoque estratégico de un país en relación a este instrumento de política económica y de infraestructuras (los PPP). En general, más valor de los contratos como pieza angular de los proyectos, como elemento en primera y casi última instancia de la regulación contractual, con lo que conlleva de flexibilidad operativa.

Civil Code: mayor confiabilidad en relación a las reglas del juego (aunque no siempre…) y mayor compromiso político percibido, en el sentido del necesario consenso en torno al marco estratégico de los PPPS transformado en un marco de reglas con la estabilidad de una ley.

En lo malo:

Common law: en países emergentes, la falta de confiabilidad en la estabilidad de las políticas y estrategia puede ser un problema.

Civil code: la rigidez para adaptar el marco, y en los casos de marco legal / leyes que pequen de «exceso de regulación o prescripcion», rigideces en los procesos de licitación y los propios contratos.

Volvemos a la pregunta de que es lo mejor.
Desde la posición anclada, de manera positiva, en la tradición legal, lo mejor es moverse en lo posible hacia el otro extremo.

Algunos estados en India han emitido y aprobado leyes PPP, bajo la clara convicción de que ello es positivo de cara a la percepción de los inversores, y sin dejar de descansar una parte sustancial del marco en «policy documents», que son más ágiles y flexibles.

Pensemos desde la perspectiva de un país de tradición administrativa. Para mi, la regulación y entramado de un marco PPP, descansando en primera instancia en ley o leyes, esta muy bien.
Pero cuidado. Las leyes no deben entrar en regulación exhaustiva de los posibles términos contractuales sino fijar los aspectos clave de la estrategia o filosofía de PPP del país respectivo, además de en lo referente a contratación publica.

Por otro lado, en algunos países, como el mío (España), parece que se quiera ignorar que un «marco PPP» es muchísimo más que una o más normas que regulan procesos de contratación.

Es consustancial a la tradición administrativa, me temo, el ignorar la importancia y papel a jugar por regulación operativa (procesos y guias) que, no cabe duda, no deberían tener rango de ley, pues han de poder revisarse de manera rápida según las circunstancias. Así como la importancia de los «programas PPP», como desarrollo en su caso de planes de infraestructuras.

Me refiero a documentos / normas (en el sentido amplio del termino) que regulan procedimientos para por ejemplo seleccionar los proyectos, o aprobarlos como PPP, así como guías para ayudar a estructurar los contratos y/o diseñar y gestionar los procesos de licitación. A veces estas reglas o directrices se compilan en un único manual o «guía PPP» o en diversos documentos.

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