No se sabe qué grado de éxito tendrá la iniciativa de Junker, su plan, en cuanto a la movilización real de inversión privada para desarrollo de infraestructuras, y en cuanto a número y volumen de proyectos que se desarrollen finalmente bajo el mecanismo previsto (the European Fund for Strategic Investments, EFSI).

Pero yo creo que hay una cosa clara. Sin desmerecer en absoluto, más bien al contrario, una iniciativa que pretende movilizar inversión privada a gran escala, esto es, apelar a los PPPS de manera tan amplia, así como otras herramientas ya disponibles o algo más consolidadas cómo el Project Bond Credit Enhancement (PBCE), el mejor factor incentivador para el desarrollo intensivo de infraestructuras en corto/medio plazo seria otro: que haya una moratoria, o una excepción temporal, a la aplicación de la reglamentación SEC 2010 en cuanto al cómputo de las infraestructuras como dentro del balance de las administraciones, siempre que se cumplan unos requisitos (que propongo más abajo).

No me refiero a que si según Eurostat un contrato PPP debe computar cómo deuda, en función de la transferencia insuficiente de riesgos, este no se compute. Me refiero a que el cálculo o cómputo de esos proyectos, cumpliendo unos requisitos, quede fuera de los límites previstos de déficit y deuda en contabilidad nacional.

De esa manera, infraestructuras con claros sentido e impacto económico y social, no dejarían de promoverse en virtud de las limitaciones presupuestarias de cada país o administración (regional o subnacional).

Los requisitos podrían ser los siguientes:

  • quedando fuera del cómputo agregado a efectos de límites al déficit, si se computasen específicamente todos los PPP a efectos de una limitación explícita a los mismos, como se hace en muchos países, en función de lo que represente el volumen de compromisos futuros de pagos presupuestarios respecto al PIB, por ejemplo. Pues aun no siendo deuda explícitamente, todo PPP (del tipo PFI o «government-pays» representa una carga futura presupuestaria inamovible que puede afectar la sostenibilidad de las cuentas públicas del gobierno o administración respectiva.
  • que para que en un proyecto determinado sea aplicable el «waiver», este se sustente en un análisis sólido socio-económico que demuestre lo sensible (en el sentido inglés del termino), y que existan evidencias (via análisis Value for Money) del valor añadido por la herramienta PPP, de la adecuabilidad de la misma al proyecto en cuestión.

En definitiva, evidencias de la solidez de la identificación y preparación del proyecto y de su conceptualización como PPP.

El «rationale» de esto no es otro que el de aceptar que el tratamiento de las deudas y compromisos públicos con respecto a un activo público concreto y preciso, no debiese quizás estar sujeto a las mismas limitaciones que el conjunto de inversiones, gasto y deudas públicas, pues aquellas (las del PPP) se sustentan en un activo con valor propio y general riqueza.

 

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