Es francamente positiva la creación de una Oficina de Evaluación Económica (por la disposición final novena de la Ley 40/2015, que entra en vigor ya), dentro del Ministerio de Hacienda, para analizar los contratos PPP de manera previa a su lanzamiento. Aunque no veo bien enfocado la descripción de su análisis, el foco del mismo y su misión.

Parece como si todo se tratase sobre rentabilidad financiera y aceptabilidad de riesgos, aunque ni eso está totalmente claro.

La cuestión no es esa, es mucho más profunda. Y además esto es un poco lo de la casa por el tejado. Una Oficina de Evaluación debería evaluar lo adecuado del proyecto PPP. Y parece que se nos olvida que lo primero es el proyecto, y lo del PPP después.

Me explico: la contratación por fórmula PPP (llámese concesión o como se quiera, que eso es otra historia para contar) no hace bueno a un proyecto malo. Es simplemente una opción de desarrollo y gestión de activos y/o servicios públicos (con la potente virtud de, potencialmente, añadir valor incremental al que de por sí tenga la actuación pública, vía mayores eficiencias, siempre que el proyecto se adecue a dicha potencialidad, o porque simplemente permita acelerar el desarrollo del mismo en ausencia de recursos inmediatos).

De manera previa a la decisión de licitar un PPP, está (o debe estar) la decisión de QUÉ proyecto / actuación es la solución óptima o cuando menos probar que es altamente adecuada, para una NECESIDAD determinada, que previamente ha debido ser identificada (idealmente en el marco de un plan).

La «ruta PPP» parece a veces como si permitiese obviar lo que la praxis más antigua en cuanto a política de infraestructuras reclamaba como necesario: análisis económico o socio económico y/u otros análisis o técnicas de selección de proyectos (e.g. Multicriterio) cuando la complejidad (baja) y claridad (alta) de la decisión lo permita.

Se desarrolle la infraestructura con recursos públicos directos (o sea, financiación pública o contratación convencional), o como concesión con cargo al usuario (pagan los que usan) o en otros esquemas PPP de tipo «government-pays»), al final hay un coste de oportunidad, un coste al fin y al cabo (caiga sobre todos los contribuyentes o sobre los que usan directamente el activo).

La definición de si ese proyecto, que no deja de ser una inversión pública en sentido amplio (se financie cómo se financie), es un proyecto que «merezca la pena», es la piedra angular sobre la que gira la decisión de licitar, en primera instancia (la «decisión de inversión» / investment decision). Luego ya se verá si su desarrollo es más aconsejable que sea bajo PPP o no (procurement decision).

La evaluación por tanto debe realizarse primero sobre los fundamentos económicos o socio-económicos, y sobre todos los términos de factibilidad en torno a esa decisión de inversión pública (factibilidad técnica, medioambiental, legal, junto a la económica o socio-económica por medio de análisis de tipo ACB). Para acto seguido verificar la adecuabilidad de ese proyecto como PPP, y si efectivamente esta opción de contratación genera «Valor por Dinero» incremental, es decir, añade más valor para el contribuyente del que de por sí tiene la propia actuación.

Es la revisión del proceso integral previo a la licitación (de identificación – análisis – preparación y estructuración) lo que procede. Ello incluye, sí, la verificación de que el contrato PPP tal y como está concebido, es factible financiera o comercialmente (bancabilidad, aceptabilidad de los riesgos por el inversor y contratista, y su adecuación a la rentabilidad potencial), que se espera de manera razonada que aporte Valor por Dinero, y que dicho contrato y pliego de selección responde a buenas prácticas.

La casa por el tejado: la casa son los procedimientos estandarizados de desarrollo de los trabajos de identificación- análisis- preparación y estructuración, a seguir o respetar por cualquier poder adjudicador en su gestión del ciclo del proyecto hasta su licitación (y más allá). Junto con la definición de baremos y criterios a observar en el análisis en sus distintas fases y facetas (p.e. TIR económica mínima exigible).

De tal manera que los resultados del análisis y de los actos preparatorios no han seguido ciertos estándares, no son válidos, así como no es válido el proyecto si sus indicadores o las previsiones de su marco comercial (la regulación económica del contrato) se separan de lo establecido como directrices por parte de la OE.

El que una autoridad determinada (sea Comunidad Autónoma, Municipio, etc.) no obtenga la aprobación o visto bueno de la OE, sin poder impedir su licitación, va a tener con el tiempo un impacto sumamente incentivador en la aplicación de buenas prácticas, en que los proyectos sean sólidos, confiables y atractivos. Siempre y cuando tales buenas prácticas sean realmente lo que conforme la base de las directrices a seguir y posteriormente a evaluar.

Otro día hablaremos de las Unidades PPP y cómo encaja esta oficina en ese concepto. Porque no encaja del todo, ni tiene por qué.

Puedes consultar esta Disposición en Noticias Jurídicas.

Si te interesa, puedes ver mi escueta presentación sobre esta reforma, realizada en las Jornadas organizadas por ESADE a este respecto en noviembre pasado (Noviembre 2015), en este blog, sección Documentación.

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