Nos hacemos eco con algo de retardo sobre la polémica en torno al sentido de la magnitud de las inversiones públicas en materia de AVE.

Algunos artículos para fijar el contexto:

  • El AVE llegará a ocho capitales en un año marcado por las elecciones. (Leer +)
  • El AVE llega hasta León y Palencia entre dudas sobre la rentabilidad de la red (Leer +)
  • Bruselas pone en entredicho la viabilidad del AVE (Leer +)

Creo que no cabe duda alguna sobre el sentido de infraestructuras ferroviarias potentes, de Alta Velocidad. Su beneficio (socio-económico) en casos como Sevilla, Valencia/levante, Madrid-Barcelona, está fuera de toda discusión. Menores tiempos de desplazamiento, casi o sin él casi compitiendo con el avión, en un entorno de mucha más seguridad que el transporte por carretera (nota: nos estamos refiriendo únicamente a transporte de viajeros en este artículo).

Pero, ¿es igualmente claro que ese sentido concurra en todos los casos? AVE a Galicia, a Extremadura, etc.? Sobre todo, que ¿»cualquier persona tenga un AVE a menos de 50 kms?

¿O puede ser que en algunos casos / proyectos / corredores, no se esté generando valor para el contribuyente? Ya sabemos que estos proyectos y muchos otros los pagamos todos. Porque la tarifa que se asigne al viajero sería inviable económicamente si se dimensiona en clave de «autosostenibilidad financiera». También debemos saber que en infraestructuras, desde el punto de vista público, no todo es «factibilidad financiera», es decir, que los ingresos que genere la infraestructura por si misma (por el uso) basten para cubrir sus costes de mantenimiento y además (imposible) los de las inversiones iniciales y sus reposiciones.

La ecuación la cierra la rentabilidad económico- social, medible especialmente a través de la técnica de Análisis Coste Beneficio (ACB). Un ejercicio que busca calcular el equivalente monetario del valor socio-económico de la actuación pública, más allá de los flujos financieros explícitos (costes e ingresos). Considerando en este caso, el valor económico de los tiempos ahorrados, de la ausencia de accidentes, de la menor contaminación de este medio, etc.

Pues bien, lo que trato de decir es que no se si este u otro proyecto o infraestructura planeada es rentable o no económicamente. Pero lo que hace falta es que alguien lo analice con rigor y dicho análisis sea publicado.

Con rigor significa siguiendo una metodología sólida y contrastada. Y no una cada vez que haya que analizar una infraestructura. Si no la metodología que se defina a tal fin, y que se desarrolle documentalmente y se publique. Cómo se hace en Reino Unido, o como se hace en el BEI y en otras partes.

A quien le interese: podéis encontrar pautas básicas de identificación y selección de proyectos, y de su análisis (appraisal) incluyendo el uso de ACB, en los capítulos 3 y 4 de la Guía PPP (The PPP Certification Program Guide). Puedes descargártela desde mi página profesional en http://www.andresrebollo.com/publicaciones/

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